Los agentes federales de inmigración que operan en el sur de California tienen desde este mes una obligación adicional antes de detener a una persona sin orden judicial: evaluar y documentar por qué creen que esa persona podría escaparse antes de que se consiga la orden. Una jueza federal en Los Ángeles concedió una medida cautelar que bloquea los arrestos migratorios civiles sin orden cuando falta esa evaluación individual, en una región donde las detenciones en la calle, el trabajo y el vecindario marcaron el último año.
La decisión es de la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. La medida se firmó el 2 de septiembre de 2026, permaneció bajo sello hasta el miércoles 16 y se conoció públicamente al día siguiente.
Conviene precisar qué es y qué no es. Se trata de una medida cautelar (preliminary injunction) dentro de una demanda colectiva que continúa en curso, no de una sentencia definitiva. El gobierno federal pidió retrasar su entrada en vigor 14 días para preparar una apelación, y la jueza lo rechazó al considerar que no puede alegar un daño legal por ser obligado a cumplir la ley.
Qué ordenó exactamente la jueza Frimpong
La orden no inventa una regla nueva: parte de un requisito que ya existía en la ley federal de inmigración. Un agente puede practicar una detención migratoria civil sin orden solo si tiene causa probable sobre dos puntos: que la persona está en el país sin autorización y que es probable que se escape antes de que se pueda obtener una orden. El tribunal concluyó que la práctica del gobierno estaba incumpliendo el segundo punto de manera sistemática.
Según el expediente y la cobertura de CalMatters, la jueza escribió que encontró «evidencia abundante» de una política y una práctica continuas de arrestos sin orden que violaban la exigencia de analizar la probabilidad de fuga. La medida obliga a los agentes a cumplir tres condiciones cuando detienen sin orden en el Distrito Central de California:
- Considerar el conjunto de las circunstancias conocidas antes del arresto, incluido el riesgo de fuga.
- Dejar de aplicar el criterio del memorando de cinco páginas del exdirector interino de ICE Todd Lyons, emitido en enero, que sugería que estar indocumentado bastaba por sí solo para acreditar el riesgo de fuga.
- Documentar el análisis de riesgo de fuga que respalda la decisión de detener.
Cómo se aplica el «riesgo de fuga»
La jueza exigió que el análisis se base en hechos específicos y particulares. Sin embargo, rechazó dos peticiones de los demandantes: no obligó a incluir lazos comunitarios —empleo, vivienda, familia— cuando el riesgo de fuga pueda acreditarse con otros factores, y tampoco ordenó documentar los encuentros en los que un agente conversa con alguien pero no lo detiene.
La evidencia que sostiene la medida es uno de los puntos más sensibles del caso. Los abogados de los demandantes revisaron 113 informes de arresto entregados por el gobierno y concluyeron que casi el 80 por ciento no contenía ninguna evaluación de riesgo de fuga o recurría a fórmulas repetidas, según Spectrum News 1. El tribunal también señaló contradicciones entre algunos relatos oficiales y las grabaciones de las cámaras corporales, incluido un caso en el que el informe sostiene que una persona huyó cuando el video muestra que permaneció en el mismo lugar.
A quién alcanza la orden y en qué condados
El alcance es territorial: la medida rige en el Distrito Central de California, que cubre los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Barbara y San Luis Obispo. Además, la jueza certificó el caso como acción colectiva para las personas que, desde el 6 de junio de 2025, hayan sido o sean detenidas por agentes federales por presuntas violaciones migratorias sin orden judicial y sin una evaluación individual de riesgo de fuga.
La demanda original se presentó en julio de 2025 por cinco personas que fueron detenidas o interceptadas durante las redadas del año pasado, junto con organizaciones como Los Angeles Worker Center Network, United Farm Workers, la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) y Immigrant Defenders Law Center. El litigio suma desde entonces a gobiernos locales de la región; la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha señalado que la coalición de demandantes incluye ya a más de veinte administraciones municipales del sur de California, según recogió Hoodline a partir de las declaraciones de la alcaldesa.
Qué no cambia con esta medida
La orden no suspende la aplicación de la ley migratoria ni impide las detenciones. Lo que limita es una vía concreta: el arresto migratorio civil sin orden judicial y sin análisis de riesgo de fuga. Las detenciones con orden, las que se producen dentro de otros procedimientos legales y las acciones penales quedan fuera del alcance de la medida.
Tampoco es una protección definitiva. El gobierno federal conserva la posibilidad de apelar ante el Noveno Circuito, y en 2025 la Corte Suprema suspendió una orden temporal previa de la misma jueza mientras el litigio seguía su curso. El caso continúa, con un segundo frente pendiente sobre perfilamiento racial y paradas sin sospecha razonable que se verá en una audiencia posterior.
Qué dice el gobierno federal
La respuesta oficial hasta ahora ha sido enmarcarse en la autoridad legal de los agentes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo, en declaraciones citadas por CalMatters y KPBS, que ICE tiene autoridad para detener conforme a la sección 1357 del título 8 del código federal estadounidense y que los agentes usan «sospecha razonable» para investigar el estatus migratorio y causa probable para arrestar. Las dos frases que siguen son traducciones del inglés de comunicados del DHS: el departamento afirma que «la Corte Suprema ya nos ha dado la razón sobre estas prácticas» y que sus agentes «se centran en proteger al pueblo estadounidense», no en responder a lo que califica de indignación performativa. La agencia Associated Press señaló que el DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la decisión.
Las reacciones en Los Ángeles
La alcaldesa Karen Bass calificó la decisión como una protección importante frente a los arrestos sin orden que, dijo, han afectado de forma desproporcionada a los angelinos latinos. Sus declaraciones, recogidas por ABC7 Los Ángeles, apuntan a que durante más de un año las familias de la ciudad han vivido con el temor de que una salida al trabajo o una despedida por la mañana terminara con un familiar detenido.
Desde la parte demandante, la abogada del ACLU Foundation of Southern California Mayra Joachin afirmó que el fallo debería frenar cientos de arrestos ilegales que continúan en el sur de California y advirtió que vigilarán su cumplimiento. Lauren Michel Wilfong, del National Day Laborer Organizing Network, con sede en Pasadena, sostuvo que el tribunal reconoció que el DHS está violando la ley como política, según San Bernardino Sun. Ambas declaraciones se hicieron en inglés.
Qué significa en la práctica
Para quien vive o trabaja en los siete condados cubiertos, el cambio es acotado pero concreto: el estatus migratorio, por sí solo, ya no puede ser la única razón para detener a alguien sin orden, y el agente debe poder mostrar por escrito qué evaluó antes de arrestar. Esa exigencia de registro es, según los demandantes, la parte que puede marcar la diferencia en detenciones futuras.
La orden también recuerda un punto que el caso evidenció: una detención sin orden no depende de si la persona tiene o no documentos, sino del análisis que el agente haga antes de detener. El expediente, con enlaces a documentos judiciales, se puede consultar en la página que ACLU of Southern California dedica a Vasquez Perdomo contra Mullin, el nombre con el que aparece el caso en el expediente y en la cobertura de la agencia Associated Press; algunos medios y la propia dirección web de esa página lo citan todavía como Vasquez Perdomo contra Noem.
Este artículo no ofrece asesoría legal. Las decisiones sobre casos individuales corresponden a un abogado de inmigración o a un representante acreditado.
Qué sigue
El litigio continúa y el gobierno puede apelar la medida cautelar. El historial reciente muestra que una orden judicial no garantiza por sí sola un cambio en la práctica: tribunales federales de Oregon, Colorado, Washington D.C. y el Distrito Este de California emitieron órdenes parecidas, y en dos de esos casos los jueces determinaron después que los agentes siguieron haciendo arrestos sin orden. La parte demandante ha anunciado que supervisará el cumplimiento en el sur de California.
Para La Opinión Latina, la historia importa por su alcance local: siete condados, el mismo territorio donde viven y trabajan cientos de miles de familias latinas, y una regla de la que dependen tanto las personas que ya fueron detenidas sin evaluación individual como quienes puedan serlo en los próximos meses.
Fuentes
- CalMatters, «Judge: Immigration agents must stop the way they’re conducting warrantless arrests», 16–17 de septiembre de 2026: calmatters.org
- CalMatters / KPBS, misma investigación con la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional: kpbs.org
- ABC7 Los Ángeles (KABC), «LA federal judge blocks immigration agents from carrying out warrantless arrests in SoCal», 17 de septiembre de 2026: abc7.com
- Spectrum News 1, «LA judge blocks feds from carrying out warrantless arrests in SoCal», 17 de septiembre de 2026: spectrumnews1.com
- San Bernardino Sun (Southern California News Group), «Federal judge halts certain warrantless immigration arrests in Southern California», 17 de septiembre de 2026: sbsun.com
- ACLU of Southern California, expediente del caso Vasquez Perdomo contra Mullin (Vasquez Perdomo v. Mullin; la dirección web todavía usa el apellido Noem): aclusocal.org
- The Associated Press (vía Greeley Tribune), «Judge restricts warrantless immigration arrests in Southern California», 17 de septiembre de 2026: greeleytribune.com
